La ignorancia del proceso a seguir no será nunca más el pasaporte hacia la pasividad ante la violencia escolar. Todos los colegios e institutos están ahora obligados a intervenir ante cualquier fenómeno de acoso que detecten, a seguir unos pasos concretos y a hacerlo, además, con diligencia y rapidez. Los equipos directivos de los centros docentes son los encargados de impulsar esta actuación, según se establece en los tres protocolos aprobados por la Junta de Andalucía para hacer frente a otros tantos males: el acoso escolar o acoso entre iguales, las agresiones hacia el profesorado o el personal no docente y el maltrato infantil.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) del pasado día 14 publicó la resolución por la que se acuerda dar publicidad a esos tres protocolos derivados del nuevo decreto de convivencia que, según explicó José Antonio Binaburo, coordinador regional de la red Escuela: Espacio de Paz, constituyen una especie de "guía" ante el acoso. "Muchas veces no se sabía cómo actuar y esos primeros momentos son determinantes. Cuando los casos pasan a la Fiscalía se demanda mucha información y si se ha aplicado el protocolo todo es mucho más fácil", apuntó.
El primero de los tres protocolos, el que marca los pasos a seguir ante los ataques entre los propios alumnos, se aplica de forma experimental en los centro educativos desde hace dos años, mientras que dos son nuevos. El peso de la iniciación recae en los equipos directivos, que son los que tienen que realizar un informe de lo sucedido y hacérselo llegar a la mayor brevedad posible a la Inspección Educativa. En el caso de las agresiones entre iguales se recoge la preceptiva comunicación a las familias de los niños implicado y la elaboración de un plan de actuación. En el caso de que haya que adoptar medidas disciplinarias el director es el encargado.
Cuando la víctima es un profesional del centro se le ofrece asistencia jurídica, pero sólo si se trata de personal docente, extremo criticado por CGT. Este sindicato reprocha a la Consejería de Educación que la póliza de asistencia jurídica gratuita vigente para estos casos no cubra a los conserjes y el resto de empleados que no son profesores y que, a su juicio, son tratados como "trabajadores de segunda" pese a que, en ocasiones, también se ven envueltos en episodios de violencia.
En lo que llevamos de curso han trascendido tres agresiones a profesores en centros de la provincia de Málaga y cuatro en las que las víctimas han sido alumnos.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) del pasado día 14 publicó la resolución por la que se acuerda dar publicidad a esos tres protocolos derivados del nuevo decreto de convivencia que, según explicó José Antonio Binaburo, coordinador regional de la red Escuela: Espacio de Paz, constituyen una especie de "guía" ante el acoso. "Muchas veces no se sabía cómo actuar y esos primeros momentos son determinantes. Cuando los casos pasan a la Fiscalía se demanda mucha información y si se ha aplicado el protocolo todo es mucho más fácil", apuntó.
El primero de los tres protocolos, el que marca los pasos a seguir ante los ataques entre los propios alumnos, se aplica de forma experimental en los centro educativos desde hace dos años, mientras que dos son nuevos. El peso de la iniciación recae en los equipos directivos, que son los que tienen que realizar un informe de lo sucedido y hacérselo llegar a la mayor brevedad posible a la Inspección Educativa. En el caso de las agresiones entre iguales se recoge la preceptiva comunicación a las familias de los niños implicado y la elaboración de un plan de actuación. En el caso de que haya que adoptar medidas disciplinarias el director es el encargado.
Cuando la víctima es un profesional del centro se le ofrece asistencia jurídica, pero sólo si se trata de personal docente, extremo criticado por CGT. Este sindicato reprocha a la Consejería de Educación que la póliza de asistencia jurídica gratuita vigente para estos casos no cubra a los conserjes y el resto de empleados que no son profesores y que, a su juicio, son tratados como "trabajadores de segunda" pese a que, en ocasiones, también se ven envueltos en episodios de violencia.
En lo que llevamos de curso han trascendido tres agresiones a profesores en centros de la provincia de Málaga y cuatro en las que las víctimas han sido alumnos.
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